23/10/2015
A la jornada número once de las audiencias del juicio AMIA II asistió el ex Secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el último de los citados para cumplir con la norma de permitirle a los imputados ampliar su declaración indagatoria antes de dar paso a la etapa en que serán convocados los testigos. Fue la primera vez que Anzorreguy participó personalmente de las audiencias y enfrentó al público y el Tribunal, después de ser rechazada su solicitud para ser declarado inimputable por supuestos problemas de salud.
La audiencia, la más breve de las que se desarrollaron hasta aquí, tuvo este aspecto formal. Anzorreguy prefirió no ampliar sus dichos en la indagatoria anterior de junio de 2006 (hace nueve años y cuatro meses!) y el Tribunal ordenó la lectura de esa presentación que hizo ante el juez Lijo.
El hombre que manejó a los Servicios de Inteligencia durante 9 años (1990/1999), y que atravesó con las botas puestas los atentados terroristas contra la Embajada, la AMIA y la Fábrica Militar de Río III, reivindicó su paso por la SIDE y rechazó las acusaciones en su contra por peculado y encubrimiento. El primero de los delitos (administración fraudulenta de fondos públicos) por entregar los cuatrocientos mil pesos que terminaron pagando la declaración de Telleldín; y el segundo, por la colaboración de la SIDE para no investigar y encubrir el rol de Alberto Kanoore Edul.
Anzorreguy se sumó a lista de los otros ex funcionarios imputados que reivindican con orgullo su actuación en el tema AMIA, como ya lo hicieron el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia o Finnen, otro hombre de la jerarquía del Servicio de Inteligencia.
Reivindicó su actuación que -dijo- se ajustó a las leyes secretas vigentes que rigen la actividad de Inteligencia, entre ella la Ley “S” 20195 y los Decretos “S” 5315/1956 y S” 2025/1994, que se referirían al manejo secreto de los fondos asignados al SIDE. Aseguró que estaba capacitado legalmente para adquirir información de interés, pagar por ello y así lo dispuso poniéndose bajo la dirección del juez, cumpliendo lo mandado por el presidente Menem para colaborar.
En relación a la imputación de malversación de fondos públicos, dejó especialmente aclarado el hecho de “que el manejo de los fondos fuera secreto no significa que fuera ilegal”, y que la reserva está impuesta por ley y atendiendo a finalidades superiores. Que él dio uso al dinero de acuerdo a su responsabilidad, sin sustraer nada. Incluso para el caso de haber sido dispuesta por el juez para el pago de una recompensa, se debe reconocer que no era ilegal y que se mantuvo el secreto.
Con estas ideas en mente, desafió a sus acusadores en el terreno jurídico señalando que la ley vigente indicaba que “La Secretaría de Informaciones del Estado dispondrá para la ejecución de su tareas de sus propios medios de información, públicos y secretos… (art. 8º)”, preguntándose cuál sería la razón por la que podía disponer de esos fondos sin intervención judicial, pero “no podría hacerlo por decisión del Magistrado que dirigía la investigación”. Agregó que el Poder Ejecutivo (Menem) estuvo informado de lo dispuesto y “no cuestionó su pertinencia siendo el único habilitado constitucionalmente a cuestionar la razonabilidad del gasto”.
En referencia a Kanoore Edul, aseguró no conocerlo a él ni a nadie de su familia, no pudiendo aportar nada al conocimiento de los hechos, “si es que alguna vez sucedieron”, agregó.
Por último, no obstante haber sido relevado de guardar secreto, Anzorreguy les sugiere a los jueces que mantengan su declaración en secreto evitando “la trascendencia de estas consideraciones”, por considerar que las circunstancias referidas y la legislación citada si mantienen dicha calidad de secretos.