LA LEY PARA ECHAR A GILS CARBÓ ES UN ACUERDO PARA ECHAR A LOS FISCALES DE LA UNIDAD AMIA
Buenos Aires, 23 de Octubre de 2016.
El gobierno nacional y los principales líderes de los partidos oficialistas y “opositores” llegaron a un acuerdo para que el Congreso Nacional vote de inmediato una ley que reforma el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional.
Sin disimular sus argumentos, la coalición del gobierno más la oposición y los ex socios de Gils Carbó que apoyan el proyecto, se reparten los cargos de la Comisión Bicameral que pondrá a los Fiscales bajo su control político y funcional. El acuerdo equivale a una intervención que someterá formalmente a los Fiscales y los pondrá, incluso, bajo el control de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos de Seguridad que debieran ser los controlados y que, hasta hoy, están sospechados por actividades criminales (Artículo 24).
De aprobarse la nueva ley, tendrá como efecto práctico remover a los titulares de la Unidad Fiscal AMIA y de las fiscalías especializadas en atender delitos de Lesa Humanidad en un plazo no mayor de 15 días. En el caso particular de la AMIA, el acuerdo para echar a los Fiscales implicará la acefalía de la Unidad Fiscal por segunda vez en dos años tras la muerte del fiscal Nisman, y pone en cuestión el trabajo e investigación que los fiscales están realizando pese a los límites que el mismo Poder Ejecutivo le impone a su tarea, toda vez que se niega a abrir y desclasificar los archivos secretos que permanecen en poder de los Servicios de Inteligencia.
El proyecto de reformas crea una “Procuraduría de Terrorismo” que responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y/o de la DAIA que a necesidades de la investigación de la causa AMIA. ¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad “antiterrorista” en nombre del esclarecimiento del atentado?
El proyecto de reformas crea una “Procuraduría de Terrorismo” que responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y/o de la DAIA que a necesidades de la investigación de la causa AMIA. ¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad “antiterrorista” en nombre del esclarecimiento del atentado?
Con la aprobación de la nueva Ley, no sólo peligra la continuidad del trabajo de los fiscales de la UFI AMIA sino también la del pobrísimo juicio contra Menem, Galeano, Anzorreguy, etc., acusados por los delitos e irregularidades que cometieron en la instrucción judicial de la causa AMIA, en momentos en que los jueces del Tribunal Oral Nº 2 debieran superar sus propias limitaciones para permitir acusar a nuevos cómplices de estos funcionarios de Estado.
El cambio de signo político de los nuevos “controladores” no los releva de sus fracasos anteriores para juzgar las responsabilidades políticas y criminales del Estado en la comisión del atentado a la AMIA y su encubrimiento, ni en la obligación de continuar con la investigación y los juicios de Lesa Humanidad. La reforma prevista a la ley del Ministerio Público está puesta en el camino de reforzar la impunidad que nos trajo hasta acá.
El camino que debemos transitar para superar tantos años de impunidad empieza con una Comisión Investigadora integrada mayoritariamente por referentes de la vida nacional y familiares de las víctimas, con todos los archivos secretos a su disposición, para conocer la verdad y castigar a todos los culpables.
FIRMAN: APEMIA / Asociación 18J