¿Cambios en Inteligencia?
Opinión de Pablo Gitter y Mateo Cocco publicada en Página 12 el 17/04/2026
Opinión de Pablo Gitter y Mateo Cocco publicada en Página 12 el 17/04/2026
Desde su fundación el aparato de Inteligencia mantuvo ciertos rasgos centrales. Una misión demasiado amplia apoyada en conceptos imprecisos de “seguridad nacional”, la poca delimitación de los métodos autorizados para su accionar y una fuerte centralización bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Estos elementos fueron estructurados por un principio decisivo: el secreto. Con Videla, esa racionalidad alcanzó su forma más sistemática, elaborándose doctrinas que ordenaron el funcionamiento del aparato y fijaron un lenguaje técnico que sobreviviría durante décadas, incluso luego de ser derogadas en 2001.
El retorno de la democracia en 1983 sostuvo muchas continuidades con ese modelo. Los intentos de reforma durante el gobierno de Alfonsín buscaron reforzar el control civil, pero sin alterar sus doctrinas. La opacidad y el desprestigio de los servicios de Inteligencia llegaron a un punto crítico tras su actuación en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la A.M.I.A. en 1994. Intervinieron para impedir que se investigue la verdad, levantando serias sospechas sobre su propia responsabilidad en los hechos.
La Ley de Inteligencia Nacional de 2001 profundizó este funcionamiento. Aunque lo expresó en un lenguaje alineado con estándares democráticos, derechos, garantías y control parlamentario, consolidó la capacidad del propio sistema para definir qué información debía permanecer clasificada, reforzando así su autonomía. En lugar de desaparecer, el secreto se volvió legalmente más sofisticado y comenzó a invadir la lógica de las nuevas áreas del Estado que debían encargarse de su control. La creación de la AFI en 2015 sostuvo las continuidades y mantuvo las estructuras, el personal y las prácticas heredadas.
Como vemos, la política de inteligencia basada en el secreto y la vigilancia de los actores sociales no surge por las reformas actuales, forma parte de una lógica constitutiva donde la defensa del Estado y la vigilancia de la sociedad se superponen de manera persistente.
Aquello que resultó novedoso en este gobierno fue la sanción de la Política de Inteligencia Nacional (Decreto 864/25), que venía siendo postergada. Sin embargo, el rol de la SIDE no se desprende de este documento, sino de la Estrategia de Inteligencia Nacional que el propio organismo debe elaborar con carácter secreto. Por su historia y sus regulaciones, el Sistema de Inteligencia no puede dotarse a sí mismo de transparencia.
El problema del secreto no afecta sólo lo operacional, sino también lo histórico. Durante décadas, el funcionamiento de la SIDE estuvo protegido por normas que impedían su conocimiento público incluso para investigadores y legisladores. Recién en 2012 el Congreso resolvió publicar Leyes y Decretos secretos hasta entonces, algunos de ellos producidos 50 años antes. Su lectura nos permite reconstruir la compleja historia de la relación entre el sistema de Inteligencia y el Estado, mostrando continuidades que desbordan las divisiones entre dictadura y democracia.
La reciente desclasificación de los llamados “archivos históricos” de SIDE deja en evidencia sus propios límites. La publicación sigue siendo parcial, no se respetó la integridad del fondo documental ni se conoce su procedencia, dificultando su constitución como archivo y su comprensión integral. El sesgo en la desclasificación es evidente incluso para quien no conoce las reglas de la archivística. Tanto así que la “guía”elaborada por la misma Secretaría incluye una historia del organismo y establece un criterio de “prioridad” para la publicación. Otra vez se dejó en manos de la institución de la opacidad y el secreto la tarea de generar confianza y transparencia. No parece un camino prometedor.
La desclasificación del período 73-83 es por ahora una promesa lejos de completarse y debe ser reforzada con el acceso al material de, al menos, las décadas de los 80 y 90. De lo contrario, establecer el grado de superación que la Democracia provocó con su pasado en el Sistema de Inteligencia resulta una cuestión de fe. Los estándares internacionales en la materia podrían ayudar.
En un Sistema donde el secreto ha sido históricamente la regla, abrir los archivos no es un gesto menor: interpela el sentido mismo de la Inteligencia estatal. Las reformas actuales no solucionan ninguno de los problemas planteados e incluso es probable que los profundicen. Mientras los archivos sigan siendo parciales o dependan de decisiones internas del propio aparato, tampoco nos darán una respuesta. Por eso, si el objetivo es avanzar hacia un debate serio sobre la Inteligencia argentina, la discusión no puede limitarse a reformas coyunturales o cambios de gestión. Y eso implica, entre otras cosas, una política activa e integral de desclasificación y apertura de archivos.
*Mateo Cocco (Historia UBA); Pablo Gitter (integrante de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA-APEMIA).