Inauguramos este nuevo espacio y le damos la bienvenida a nuestros lectores que quieran aportar sus opiniones y reflexiones vinculadas al tema que nos ocupa:
el esclarecimiento de la masacre de la AMIA y el juicio y castigo para todos los culpables. Se publicarán notas que contribuyan a la reflexión acerca del juicio por irregularidades y de la propuesta de APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) de crear una Comisión Investigadora Independiente en el marco del Congreso y abrir los archivos secretos en poder del Estado.
En esta primera entrega, presentamos el aporte del Dr. Omar Dib, uno de los abogados patrocinantes de la querella de APEMIA en el juicio oral en curso.
Macri no mostró su interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. Por Dr. Omar Dib
10/03/2016
COMISIÓN INVESTIGADORA O JUICIO EN AUSENCIA
El 18 de julio de 1994 el atentado contra la AMIA dejó un número indeterminado de muertos y heridos. Hoy, más de veinte años después, no sabemos quién provocó la masacre, cómo lo hizo ni por qué. Más aún: ni siquiera se ha determinado fehacientemente la cantidad e identidad de los asesinados en el hecho.
Este ignominioso estado de cosas se ha sostenido en el tiempo gracias a la complicidad de los distintos “poderes” del Estado. De hecho la “Política de Estado” en esta materia se mostró clara e inmutable de gobierno en gobierno: se hizo lo indecible para no investigar la responsabilidad del Estado y mantener cerrados los archivos secretos.
Quienes nos sumamos al esfuerzo de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (A.P.E.M.I.A.) exigimos la formación de una Comisión Investigadora Independiente con el objeto de lograr el esclarecimiento integral de ese brutal ataque terrorista que importa el estudio de las circunstancias políticas y jurídicas, nacionales e internacionales que hicieron posible la perpetración del atentado, considerando su logística, su cobertura financiera, legal, política, etc., la trama de su encubrimiento, la intervención de instituciones y funcionarios públicos del Estado nacional, provinciales y municipales en todas las instancias, la participación de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros en la investigación y en la obstrucción de la misma, y toda otra circunstancia que a juicio de los miembros de la Comisión pudiera resultar relevante a efectos de esclarecer los hechos y sus responsables. A tal fin, la Comisión Investigadora Independiente debe contar con facultades específicas como, por ejemplo, el acceso irrestricto a los archivos clasificados sobre el atentado contra la mutual judía y toda la información que está en el Poder de Judicial.
Frente a este cuadro de situación el nuevo gobierno propuso implementar el juicio en ausencia. Su inocultable objetivo fue cubrir rápidamente las formalidades procesales necesarias para obtener una sentencia judicial y terminar de una vez por todas con este tema. Una propuesta repugnante por donde se la mire.
A ello se suma que el Ministro de Justicia, Garavano, intentó despedir a los integrantes del GERAD (Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental) que son quienes llevan adelante la ciclópea tarea de organizar, analizar y digitalizar archivos de la ex SIDE vinculados con el atentado y, más tarde, efectivamente despidió a los letrados que representaban al Ministerio de Justicia en pleno desarrollo del juicio oral y público por encubrimiento. Ahora se muestra a favor de una Comisión Investigadora, claro que con algunas modificaciones como, por ejemplo, ampliar el objeto de la investigación incluyendo el suicidio de Nisman que no tiene ningún tipo de relación con el objeto procesal de la causa AMIA.
Más allá de discursos y puestas en escena, la política de gobierno se mide por sus actos y efectos materiales. Desde esa perspectiva, el gobierno de Macri no ha tenido hasta ahora ningún gesto concreto que demuestre claramente su interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. Sin embargo, recién principia su gestión por lo que aún está a tiempo de romper la continuidad de la espuria “Política de Estado” en vigencia.