El último día laborable de 2022, el Presidente Fernández y su entonces Jefe de Gabinete Juan Manzur firmaron un decreto por el cual dispusieron “el año 2023 como año de homenaje a los cuarenta años ininterrumpidos de democracia”.
Es llamativa la manera en la que el oficialismo se refiere al período en cuestión: se trata de homenajear a la democracia, conmemorarla y hasta festejarla, pero en ningún caso una invitación a la reflexión y al balance de esa cuarentena en cuanto a la violación de una enorme cantidad de derechos que la dirección política de esa democracia dijo que iba a garantizar.
De paso, mencionar que los eventos comenzaron en el mes de marzo, momento en el que se resolvió y concretó el golpe militar 40 años atrás.
En 1983, todas las fichas estaban puestas en la recuperación de la institucionalidad democrática como medio para relevar a la dictadura. Era un anhelo de libertad. A la vez, resultaba indispensable mirar hacia el pasado inmediato y genocida y reafirmar una condena al régimen del terror a través de “juicio y castigo a los culpables”.
En una etapa inicial, el juicio a las Juntas respondió a esas exigencias hasta que las presiones militares forzaron un cambio de rumbo que tuvo como resultado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del alfonsinismo y las del indulto del menemismo.
La eximición penal para los genocidas y criminales fue la impronta de los gobiernos desde entonces: durante los primeros 22 años de democracia comenzó y se llevó adelante una política de vaciamiento institucional, supuestamente en proceso de recuperación a partir de 1983.
La dirigencia política de entonces alertaba por los ataques “desestabilizadores” a una democracia “joven” y “débil”, pero nada hacía para desmantelar el aparato represivo y de inteligencia que seguían operando en el país como continuidad de las prácticas de la dictadura.
En ese contexto, y como parte de esa continuidad política, se produjo el atentado a la AMIA (1994), en medio de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la Fábrica Militar de Río Tercero (1995).
Años después, el Estado que había prometido “Verdad y Justicia”, con las leyes de impunidad y el indulto aún vigentes, debutó con el primer proceso judicial de un crimen de Terrorismo perpetrado en democracia. El juicio contra Telleldín y cía. (2001-2004) se consideró como el “juicio histórico” que venía a contribuir al fortalecimiento de la democracia “joven”. Sin embargo, resultó una farsa, como los juicios que le siguieron por casi una década y que terminaron siendo un aporte a la consagración de la impunidad del crimen de la AMIA.
El Poder Judicial fracasó en juzgar y condenar a los criminales que habían cometido el ataque. Tardó más de diez años en procesar a un ex presidente, a un ex juez, a ex fiscales y a la dirección de la SIDE por delitos vinculados al incumplimiento de sus funciones, juicio que hoy no tiene sentencia firme.
Ningún funcionario del Estado democrático fue acusado por ser responsable de la comisión y del encubrimiento del ataque terrorista de Estado perpetrado contra la sede de la AMIA. El Legislativo y once presidentes a cargo del Ejecutivo le hicieron el aguante. Lo acompañaron con la sanción de leyes (Antiterroristas) y con más de una docena de decretos para seguir manteniendo ocultos los archivos secretos de la SIDE, iniciativas opuestas a cualquier posibilidad de esclarecimiento.
Todo esto ocurrió y sigue sucediendo durante casi 30 de los 40 años de institucionalidad democrática que hoy el gobierno pretende homenajear.
Los tres poderes del Estado no sólo fracasaron en traernos “Verdad y Justicia” sino que son la razón para no alcanzarlas. El nivel de confabulación establecido entre ellos es tal que solo puede sostenerse a través de los ‘secretos de Estado’, funcionales al encubrimiento tanto de las acciones propias como las de sus socios internacionales.
En este sentido, exigir la apertura de los archivos secretos de la causa AMIA es clave para romper con el ocultamiento y la discrecionalidad de su manejo en el ámbito judicial y extrajudicial, que ha sido y es una condición para el sostenimiento de un aparato estatal inficionado por las prácticas corruptas y criminales, pero “democrático”.
Los reconocimientos que el propio Estado nacional hizo de sí mismo como responsable de “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA, o que dicho encubrimiento fue una “grave violación a los derechos humanos”, o proclamándose responsable de la impunidad como lo hizo recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pasan de ser declamaciones y son insuficientes.
Es tiempo de sacarse las máscaras, romper con la cultura del expediente judicial en la que nos hundieron durante 40 años, y admitir que el Estado no puede esclarecer el ataque porque es el primer responsable por su comisión y encubrimiento.
Queremos saber quiénes son y por qué lo hicieron…. Queremos saber la Verdad, que el Estado argentino sigue ocultando en sus documentos secretos.
Resulta indispensable llevar adelante una investigación rigurosa, un análisis serio de los documentos que conseguimos arrancarle al Estado, ubicarlos en el contexto socio-político local e internacional en que fueron producidos para conocer la Verdad.
El crimen de AMIA es un crimen de Terrorismo de Estado cometido en democracia. Esclarecerlo no depende de la “institucionalidad” sino de nuestra voluntad política. Después de tantas décadas, hacerlo está en nuestras manos.
Laura Ginsberg
Esta nota fue escrita por invitación de la Liga Socialista Revolucionaria y fue publicada en su órgano de prensa, Bandera Roja (N° 128)
Marzo de 2023.