El pasado viernes 22 de julio de 2022 se puso en marcha en todo el mundo una maniobra de intoxicación informativa sin precedentes, vinculada con el atentado a la AMIA.
Desde numerosas direcciones IP se difundió un artículo publicado por The New York Times que da cuenta del contenido de una supuesta “investigación” del Mossad, que “aclara nuevos datos sobre los ataques terroristas en Argentina en la década de 1990” (1). Quien escribe estas líneas recibió ese artículo, en el curso de una hora, desde tres fuentes diferentes. Una ellas fue nada menos que la cuenta de un amigo que vive en NORUEGA.
Dado el secretismo con el que se manejan los servicios de inteligencia, es sorprendente la publicación del contenido de uno de sus informes recientes en un medio como The New York Times. Sólo cabe suponer que el artículo fue publicado con el consentimiento, si no la iniciativa, del Mossad.
El autor de la nota, Ronen Bergman (2), es un periodista e investigador israelí especializado en inteligencia, terrorismo, seguridad nacional y armas nucleares, que desde el año 2000 es analista político y militar senior en el periódico israelí Yedioth Ahronoth, el medio escrito de mayor tirada en Israel (algo así como Clarín en nuestro país).
También sorprende que, en julio de 2022, un artículo basado en una “investigación” del Mossad, “revele” que los autores de ambos atentados pertenecían a Hezbollah. Luego de años de investigación realizada por uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo, la conclusión no es otra que la hipótesis inicial.
¿Cuál sería la novedad que amerita su publicación en el NYTimes y una amplia operación inmediata de difusión? La “novedad” sería que las nuevas averiguaciones refutan las afirmaciones sostenidas por mucho tiempo por Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo, y también rebaten las sospechas de que funcionarios locales y ciudadanos habían sido cómplices de los ataques.
Desde el momento de la comisión de los atentados, se supo que funcionarios israelíes vinieron a Argentina y se involucraron, con el pretexto de “colaborar” con las autoridades locales, e impulsaron una “visión común” para orientar la investigación.
Fruto de esa “visión común”, durante todos estos años las autoridades ejecutivas y judiciales de nuestro país construyeron una única línea de trabajo: aquella que sostiene que el atentado fue planificado por cinco funcionarios del gobierno iraní de aquel entonces. Así, sin conocer a los autores materiales, los esfuerzos que nos hicieron creer que se estaban haciendo, se concentraron en el objetivo de que los cinco iraníes pudieran ser juzgados en nuestro país.
Y como los iraníes no se presentaron voluntariamente ante el juzgado, se produjeron muchísimos actos teatrales a lo largo de estos años: pedidos de la justicia al gobierno, del gobierno a Interpol, de presidentes argentinos a las autoridades de Irán, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un “memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán” (que fue declarado inconstitucional) y un proyecto de reforma del código procesal penal para crear la modalidad del “juicio en ausencia”.
Si fuera cierto, al menos, que no hubo participación de Irán en la comisión de los atentados ¿Qué quedaría de la visión común entre Israel y Argentina? Nada. Pero el artículo, y el informe en el cual se basa, no se queda ahí: afirma que tampoco tuvieron responsabilidad los funcionarios del estado argentino.
No sabemos cuál es el interés por librar de responsabilidad a la República Islámica de Irán después de haber sostenido eso durante 30 años. Tal vez eso tenga que ver con cuestiones geopolíticas que como ciudadanos comunes se nos escapan. Pero ¿por qué librar de responsabilidad al estado argentino? ¿Será porque no pueden dejar a su socio de todos estos años pagando los “platos rotos”?
Ya que los experimentados investigadores del Mossad no parecen interesados en responder algunas preguntas, vamos a hacerlas aquí:
Si el estado argentino ya reconoció su responsabilidad en el encubrimiento del atentado, ¿con qué motivo se puede encubrir un delito si no es para proteger a sus autores? ¿Cómo no advertir que los encubridores deben tener alguna relación con los autores?
¿Qué hay de los que pusieron la camioneta? ¿Qué hay de los que la cargaron? ¿Quiénes prepararon los explosivos y los detonadores? ¿Cómo entraron al país con tantos explosivos, si es que los trajeron de afuera? ¿No se revisó en la frontera? ¿Qué hicieron los funcionarios de migraciones y de Aduana? ¿Cuántos kilómetros de rutas recorrieron sin que ningún control los revisara?
¿Y si compraron o robaron los explosivos en el país? ¿Esas ventas o robos no llamaron la atención a nadie? ¿Cuántas personas (vendedores o víctimas de un robo) sabían que se estaban manipulando esos explosivos? ¿Cuántas fábricas de explosivos hay en el país como para vender o sufrir un robo de estas proporciones? ¿Dónde se alojaron los perpetradores que tenían todos esos explosivos consigo? ¿Salieron del país? ¿Quiénes los protegieron? ¿Cuántos de todos estos criminales siempre estuvieron, y aún hoy están entre nosotros?
Ninguna de estas preguntas parece interesar a los grandes “cráneos” del Mossad.
El informe citado por el New York Times ¿aporta pruebas que descartan todas esas sospechas? De ninguna manera. El artículo no presenta ni una sola prueba de nada. Todo es fruto de una investigación, de escuchas telefónicas secretas y posiblemente ilegales. Para más irritación, después de haber sostenido que el Mossad había asesinado a los responsables materiales, ahora afirman que están todos vivos y residen en el Líbano. ¿Cuál será la novedad dentro de otros 30 años? ¿Habrá sido Vladimir Putin?
A 28 años del atentado a la AMIA, es hora de cambiar el foco y dejar de esperar que la justicia haga lo que no quiso hacer después de tanto tiempo, sin perjuicio del legítimo reclamo para que los poderes públicos hagan lo que tienen que hacer.
Para llegar a la verdad y a la justicia, APEMIA viene sosteniendo que esta causa es de todos, porque es un crimen político en el que el Estado es responsable. Y cuando el Estado es responsable no se llegará a la verdad y a la justicia sino con el involucramiento activo de la sociedad y de sus organizaciones.
Hoy existe una oportunidad. Hay un voluminoso acervo de archivos procedentes de los servicios de seguridad y de inteligencia de distintas organizaciones estatales, que con dificultad está siendo puesto a disposición de los familiares que son querellantes en el juicio.
Descartadas todas las hipótesis de la “historia oficial”, creemos que la evidencia está en esos archivos, y que hay que encontrarla, documentarla, y hacerla comprensible para demostrar la responsabilidad del Estado argentino en la comisión de los atentados.
Una Comisión Investigadora independiente, compuesta por personalidades de reconocido prestigio y trayectoria, procedentes del ámbito académico, social, cultural, de los derechos humanos, puede dirigir esa tarea. Pero los recursos, la capacidad de análisis, el tiempo y el trabajo, sólo pueden venir de la sociedad.
Para que no nos sigan pegando abajo, como cantaba Charly García en 1983.
Dado el secretismo con el que se manejan los servicios de inteligencia, es sorprendente la publicación del contenido de uno de sus informes recientes en un medio como The New York Times. Sólo cabe suponer que el artículo fue publicado con el consentimiento, si no la iniciativa, del Mossad.
El autor de la nota, Ronen Bergman (2), es un periodista e investigador israelí especializado en inteligencia, terrorismo, seguridad nacional y armas nucleares, que desde el año 2000 es analista político y militar senior en el periódico israelí Yedioth Ahronoth, el medio escrito de mayor tirada en Israel (algo así como Clarín en nuestro país).
También sorprende que, en julio de 2022, un artículo basado en una “investigación” del Mossad, “revele” que los autores de ambos atentados pertenecían a Hezbollah. Luego de años de investigación realizada por uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo, la conclusión no es otra que la hipótesis inicial.
¿Cuál sería la novedad que amerita su publicación en el NYTimes y una amplia operación inmediata de difusión? La “novedad” sería que las nuevas averiguaciones refutan las afirmaciones sostenidas por mucho tiempo por Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo, y también rebaten las sospechas de que funcionarios locales y ciudadanos habían sido cómplices de los ataques.
Desde el momento de la comisión de los atentados, se supo que funcionarios israelíes vinieron a Argentina y se involucraron, con el pretexto de “colaborar” con las autoridades locales, e impulsaron una “visión común” para orientar la investigación.
Fruto de esa “visión común”, durante todos estos años las autoridades ejecutivas y judiciales de nuestro país construyeron una única línea de trabajo: aquella que sostiene que el atentado fue planificado por cinco funcionarios del gobierno iraní de aquel entonces. Así, sin conocer a los autores materiales, los esfuerzos que nos hicieron creer que se estaban haciendo, se concentraron en el objetivo de que los cinco iraníes pudieran ser juzgados en nuestro país.
Y como los iraníes no se presentaron voluntariamente ante el juzgado, se produjeron muchísimos actos teatrales a lo largo de estos años: pedidos de la justicia al gobierno, del gobierno a Interpol, de presidentes argentinos a las autoridades de Irán, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un “memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán” (que fue declarado inconstitucional) y un proyecto de reforma del código procesal penal para crear la modalidad del “juicio en ausencia”.
Si fuera cierto, al menos, que no hubo participación de Irán en la comisión de los atentados ¿Qué quedaría de la visión común entre Israel y Argentina? Nada. Pero el artículo, y el informe en el cual se basa, no se queda ahí: afirma que tampoco tuvieron responsabilidad los funcionarios del estado argentino.
No sabemos cuál es el interés por librar de responsabilidad a la República Islámica de Irán después de haber sostenido eso durante 30 años. Tal vez eso tenga que ver con cuestiones geopolíticas que como ciudadanos comunes se nos escapan. Pero ¿por qué librar de responsabilidad al estado argentino? ¿Será porque no pueden dejar a su socio de todos estos años pagando los “platos rotos”?
Ya que los experimentados investigadores del Mossad no parecen interesados en responder algunas preguntas, vamos a hacerlas aquí:
Si el estado argentino ya reconoció su responsabilidad en el encubrimiento del atentado, ¿con qué motivo se puede encubrir un delito si no es para proteger a sus autores? ¿Cómo no advertir que los encubridores deben tener alguna relación con los autores?
¿Qué hay de los que pusieron la camioneta? ¿Qué hay de los que la cargaron? ¿Quiénes prepararon los explosivos y los detonadores? ¿Cómo entraron al país con tantos explosivos, si es que los trajeron de afuera? ¿No se revisó en la frontera? ¿Qué hicieron los funcionarios de migraciones y de Aduana? ¿Cuántos kilómetros de rutas recorrieron sin que ningún control los revisara?
¿Y si compraron o robaron los explosivos en el país? ¿Esas ventas o robos no llamaron la atención a nadie? ¿Cuántas personas (vendedores o víctimas de un robo) sabían que se estaban manipulando esos explosivos? ¿Cuántas fábricas de explosivos hay en el país como para vender o sufrir un robo de estas proporciones? ¿Dónde se alojaron los perpetradores que tenían todos esos explosivos consigo? ¿Salieron del país? ¿Quiénes los protegieron? ¿Cuántos de todos estos criminales siempre estuvieron, y aún hoy están entre nosotros?
Ninguna de estas preguntas parece interesar a los grandes “cráneos” del Mossad.
El informe citado por el New York Times ¿aporta pruebas que descartan todas esas sospechas? De ninguna manera. El artículo no presenta ni una sola prueba de nada. Todo es fruto de una investigación, de escuchas telefónicas secretas y posiblemente ilegales. Para más irritación, después de haber sostenido que el Mossad había asesinado a los responsables materiales, ahora afirman que están todos vivos y residen en el Líbano. ¿Cuál será la novedad dentro de otros 30 años? ¿Habrá sido Vladimir Putin?
A 28 años del atentado a la AMIA, es hora de cambiar el foco y dejar de esperar que la justicia haga lo que no quiso hacer después de tanto tiempo, sin perjuicio del legítimo reclamo para que los poderes públicos hagan lo que tienen que hacer.
Para llegar a la verdad y a la justicia, APEMIA viene sosteniendo que esta causa es de todos, porque es un crimen político en el que el Estado es responsable. Y cuando el Estado es responsable no se llegará a la verdad y a la justicia sino con el involucramiento activo de la sociedad y de sus organizaciones.
Hoy existe una oportunidad. Hay un voluminoso acervo de archivos procedentes de los servicios de seguridad y de inteligencia de distintas organizaciones estatales, que con dificultad está siendo puesto a disposición de los familiares que son querellantes en el juicio.
Descartadas todas las hipótesis de la “historia oficial”, creemos que la evidencia está en esos archivos, y que hay que encontrarla, documentarla, y hacerla comprensible para demostrar la responsabilidad del Estado argentino en la comisión de los atentados.
Una Comisión Investigadora independiente, compuesta por personalidades de reconocido prestigio y trayectoria, procedentes del ámbito académico, social, cultural, de los derechos humanos, puede dirigir esa tarea. Pero los recursos, la capacidad de análisis, el tiempo y el trabajo, sólo pueden venir de la sociedad.
Para que no nos sigan pegando abajo, como cantaba Charly García en 1983.