Atentado a la AMIA: Un pacto de impunidad contra la verdad
El nuevo aniversario de la masacre impune de AMIA es una oportunidad para hacer una valoración especial, una reflexión para entender lo particular de este momento.
Hace un mes la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) condenó a la Argentina. Consideró que el Estado puso su institucionalidad al servicio del encubrimiento y deliberadamente no esclareció el crimen. En su sentencia también reconoció que se obstaculizó el acceso real a pruebas y archivos secretos. Dijo que el Estado nacional es responsable de la situación de impunidad que padecemos.
Por 30 años, el gobierno y la oposición hicieron lo indecible para negar la verdad del crimen y su encubrimiento. Nuestra oposición a convalidar la Historia Oficial de una acusación a libro cerrado, a pesar del sostenido esfuerzo del arco político, contribuyó para que no cerraran el caso.
Los gobiernos se turnaron para repetir maniobras y fraudes presentados como si fueran avances de alguna investigación. Inventaron pruebas y juicios que terminaron en farsas. Y cuando después de años de debate, un juicio oral condenó al ex juez, a los fiscales y a la dirección de la SIDE por encubrimiento, la Casación los exculpó, redujo las penas y -otra vez- mandó acusar a Irán. Tras la condena, los tres poderes insisten en su estrategia de negar cualquier responsabilidad propia en la comisión del crimen y en su encubrimiento.
Milei volvió a negar a los fiscales el acceso a la base de datos de la AFI, mientras los ministros de Justicia y Seguridad declaran “Principios Rectores Sagrados” para distraer con un nuevo proyecto de “Juicio en Ausencia”.
Cuando se trata de conocer la verdad no se necesitan nuevas leyes así fueran constitucionales, ni decretos para incluir a Hamas en un listado local que confunde y orienta a la población hacia el conflicto en Medio Oriente. No tiene nada que ver con el ataque a la AMIA y su esclarecimiento.
A fuerza de decretos presidenciales, preservaron los secretos de los espías en el caso AMIA con un guiño protector del Congreso y de los jueces.
Recientemente conocimos el Informe secreto de Toma/Stiuso (2002) origen de la Historia Oficial nacida en los sótanos de la SIDE, que contó con el apoyo de Estados Unidos e Israel y que el Estado nacional sigue pregonando. Toma explicó su sentido político: sacar del ámbito jurídico la acusación de responsabilidad local en el atentado y fundar una acusación internacional.
El Gobierno sigue negando el acceso irrestricto a pruebas y archivos porque revelan las operaciones de inteligencia que el Estado nacional facilitó para cometer el ataque a la AMIA y encubrirlo por 30 años. Nos amenazan con la Ley de Inteligencia y un rosario de decretos presidenciales que vedan su conocimiento al conjunto de la población.
Las maniobras y fraudes que articularon no son producto de funcionarios inexpertos o negligentes. Evidencian un Pacto de Impunidad, una decisión política de exculpar al Estado argentino por ser el artífice de un plan criminal y sostener la impunidad. De esto hablan los archivos secretos de la SIDE, que también dejan ver una continuidad de la dictadura inscripta en la estructura institucional.
El ataque a la AMIA fue una bisagra en la construcción de la historia reciente del país, de su transición a la democracia fundada en acuerdos institucionales con los esbirros de la dictadura. El Estado se preocupó por borrar cualquier rasgo de continuidad.
La Memoria de los crímenes del Terrorismo de Estado y la continuidad de “la mano de obra desocupada” en democracia, se anestesia con una Historia Oficial construida junto a las direcciones de AMIA/DAIA e Israel.
El relato oficial es un cuento para orientar la opinión pública hacia una responsabilidad extranjera. Los documentos oficiales permiten cuestionar esa tesis, mientras el Fiscal niega hasta el absurdo cualquier responsabilidad local.
Es esta trayectoria de 30 años la que sostiene el Pacto de Impunidad para no esclarecer el ataque a la AMIA. Un futuro proyecto de ley no terminará con lo pactado.
La trama de lo sucedido sigue oculta en los archivos del Estado. Para reconstruir la Verdad histórica necesitamos de toda la sociedad, de sus organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, de derechos humanos y con ellos conformar una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos.
Es un momento especial. Por un lado, la Historia Oficial y el Pacto de Impunidad. Por el otro, la posibilidad de establecer la Verdad histórica. Nuestra lucha y la condena de la Corte IDH son la oportunidad.
Abramos las pruebas para terminar con esta pesadilla política.
